Piden 8 años de cárcel para Ávila Rojas, que será juzgado el 5 de febrero
El constructor granadino José Ávila Rojas será juzgado el próximo 5 de febrero en la Audiencia Provincial por dos delitos continuados contra la Hacienda Pública, por los que la Fiscalía le pide ocho años de prisión, multa de veinte millones y una indemnización total de otros 5,5 millones de euros.
El empresario, que también esta imputado en el caso Malaya contra la corrupción inmobiliaria en Marbella, será juzgado por el Tribunal Provincial después de que el Juzgado de lo Penal 2 de Granada se inhibiera de la causa, al superar uno de los delitos de los que les acusa una de las partes la pena de cinco años de cárcel. El argumento esgrimido por la defensa para solicitar el traslado de las diligencias a la Audiencia es que un Penal no es el órgano competente para enjuiciar los hechos, después de que la acusación particular, ejercida por la empresa Promociones y Propiedades Inmobiliarias SL, solicitara una calificación alternativa al fraude por apropiación indebida, que conlleva una pena de seis años.
Según el escrito de acusación fiscal, al que ha tenido acceso Efe, la primera operación irregular tuvo lugar el pasado el 22 de mayo de 2001, cuando el empresario y la sociedad CCF 21 Negocios Inmobiliarios SA, que pertenece al grupo de Ávila Rojas y al empresarios Carlos Sánchez, también imputado en la operación Malaya, adquirieron la finca “Las Monjas”, en Marbella, por 3 millones de euros, a Turret SL.
Ese mismo día, precisa el Ministerio Público, Ávila Rojas y CCF 21 vendieron la misma finca a la mercantil Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio SL por el precio de 11,47 millones de euros, operación que estando gravada con IVA, el acusado no reflejó en sus autoliquidaciones correspondientes al año 2001.
Defraudó, de esta forma, unos 583.000 euros en la cuota del citado impuesto y, además, “siguiendo con su propósito defraudatorio”, cuando la empresa compradora procedió a abonar la finca y entregó 918.000 euros correspondientes al IVA de la transacción, “lejos de cumplir su obligación de depositar dicha cantidad en la Agencia Tributaria, hizo propia la cantidad entregada”.
La acusación pública sostiene que, “siguiendo con su plan preconcebido de defraudar al Erario Público”, la citada operación inmobiliaria tampoco fue declarada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Dado que el precio de compra de la parte de la finca imputable a Ávila Rojas ascendió a 1,5 millones de euros y la cantidad obtenida por su venta fue de 5,73 millones, se produjo un beneficio empresarial de 4,23 millones, no declarados en la autoliquidación del IRPF de 2001.
Se obtuvo así una defraudación en la cuota del impuesto por un total de 1,95 millones, siendo ésta la cantidad que le correspondía haber ingresado, en lugar de manifestar tener derecho a devolución de 21,719 euros, como solicitó.
La segunda operación se desarrolló el 29 de junio de 2002 y en la misma, presuntamente, el empresario y de nuevo CCF 21 Negocios Inmobiliarios vendieron otra finca de Marbella y tampoco, según el fiscal, pagaron a la Agencia Tributaria los impuestos correspondientes; un fraude que, en este caso, habría alcanzado 618.668 euros de IVA y los 1,63 millones de IRPF.
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